La presentación judicial de los vecinos de Caballito, que había conseguido frenar los permisos para construir nuevas torres en 16 manzanas de este barrio, quedó sin efecto. La Sala 2 de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad revocó la medida cautelar que había impuesto la jueza Alejandra Petrella en noviembre de 2005 y había sido apelada por el Gobierno de la Ciudad.
De esta manera, se va reduciendo los que los desarrolladores habían calificado como "corralito urbano", áreas de la Ciudad donde podían seguir las obras en curso pero donde la Comuna no podía otorgar permisos para nuevas construcciones. De hecho, el fallo judicial de Caballito y las crecientes protestas de vecinos de otros barrios derivó en en el freno a los permisos por 90 días que el Gobierno porteño aplicó en Caballito, Palermo, Núñez, Coghlan, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón el 14 de noviembre. Y además se sumó una nueva presentación judicial que detuvo los permisos en 45 manzanas de Palermo.
El 15 de febrero, cuando se cumplió el plazo de 90 días, el Gobierno porteño levantó la veda, aunque a través del decreto 220 determinó que, entre otras cosas, para otorgar nuevos permisos en estos barrios, las obras deberán contar con un certificado de factibilidad expedido por la empresa AySA.
La Cámara, en el fallo que revocó la medida cautelar por las 16 manzanas de Caballito, reconoce las causas de la presentación de los vecinos —principalmente que ante el auge de la construcción podían colapsar los servicios— pero afirma que el decreto del Gobierno da respuestas a sus reclamos.
"Esto demuestra que la Cámara cedió a las presiones del Gobierno. De hecho, los argumentos de los camaristas son los mismos que esgrime la Comuna en otros amparos, como por ejemplo en el de Palermo", le dijo a Clarín Osvaldo Sidoli, abogado que representa a los vecinos de Caballito. "Se pide el certificado de AySA porque al ser una empresa estatal puede reconocer que no hizo las inversiones necesarias para una correcta previsión del servicio. Si las privatizadas reconocen su inoperancia, se les cae la concesión", agregó.
Por su parte, Mario Oybin, unos de los vecinos que encabezaron el reclamo, aseguró que apelarán la sentencia ante el Tribunal Superior de la Ciudad y, de ser necesario, irán hasta la Corte Suprema. "La Cámara dice que el decreto de Telerman soluciona todos los reclamos vecinales. Quieren tapar el problema con un parche y no están discutiendo el fondo del mismo. Falta realizar una evaluación de impacto ambiental de todas las construcciones y analizar la infraestructura eléctrica. En Caballito hay cortes de luz todas las semanas", explicó.
Si bien desde distintos ámbitos de la construcción (cámaras y desarrolladores) habían criticado las nuevas medidas impuestas por el Gobierno (además del certificado de AySA, para solicitar permisos exigen la presentación de un estudio de impacto ambiental en los casos de las obras que superen los 5.000 m2 o los 13,5 metros de altura), la gran preocupación seguía pasando por la intervención de la Justicia en el problema.
Raúl Navas, abogado y especialista en temas urbanísticos, sostuvo que la "Justicia ya no tendría que interceder en las zonas afectadas por el decreto. Pero habilita la reacción inevitable de otros barrios que pueden elegir el camino de los amparos para que las medidas los incluyan".
De hecho, días antes que venciera la veda, vecinos de Caballito, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón y Palermo presentaron 11 amparos para frenar nuevas torres en sus barrios. Por eso los desarrolladores ven con buenos ojos el fallo que revocó la cautelar por las 16 manzanas en Caballito y sostienen que debería sentar precedente y apurar la resolución de la medida similar que aún frena los pedidos de obras en cinco manzanas de Las Cañitas y La Imprenta.
Desde la Legislatura también pueden aportar para evitar definitivamente que se siga judicializando el problema. Y está en marcha el proyecto de ley 3077 que incluye dos modificaciones al Código de Planeamiento Urbano: la posibilidad de ampliar las medidas del decreto 220 a toda la Ciudad y la exigencia de que todas las empresas de servicios tengan que otorgar un certificado de factibilidad para que las obras se aprueben.